Las exportaciones de oro ilegal podrían alcanzar un valor mínimo de US$ 16,000 millones durante 2026 y superar incluso los US$ 18,000 millones, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). El fuerte precio internacional del metal y el aumento de los volúmenes explican parte de este crecimiento.
La tendencia ya se hizo visible durante el primer semestre. En ese periodo, los envíos de origen ilegal aumentaron 19.4%, mientras que los correspondientes a producción legal retrocedieron 5.9%.
Como resultado, el volumen atribuido a producción ilegal superó al legal por 8.7 toneladas y representó el 54% de todo el oro exportado por el Perú durante los primeros seis meses del año.
Para el cierre de 2026, el IPE calcula que los envíos podrían alcanzar al menos 110 toneladas y superar las 120 toneladas. De concretarse, representarían entre 52% y 55% del volumen total exportado.
Oro ilegal podría concentrar hasta 55% de los envíos
El crecimiento marcaría una diferencia importante frente a los registros de años anteriores.
Para 2025, el IPE había estimado que las exportaciones de esta procedencia superaron las 100 toneladas y movilizaron alrededor de US$ 11,500 millones.
Ahora, el escenario mínimo de US$ 16,000 millones supondría un crecimiento de aproximadamente 39% frente a 2025. Además, sería casi nueve veces mayor al valor registrado hace una década, según el análisis del instituto.
En un escenario de mayores volúmenes y precios elevados, el valor anual podría ubicarse por encima de los US$ 18,000 millones.
El IPE considera que esta expansión ha convertido a la minería ilegal en una de las economías ilícitas de mayor dimensión económica en el país.
Precio del oro eleva valor de las exportaciones
El comportamiento de la cotización internacional es otro elemento clave.
Durante 2026, el oro registró un precio promedio cercano a US$ 4,500 por onza, alrededor de 44% por encima del nivel observado en el mismo periodo de 2025, cuando bordeaba los US$ 3,125.
Además, la información recogida por el IPE señala que JP Morgan proyecta un promedio anual de aproximadamente US$ 4,545 por onza.
Este escenario aumenta considerablemente el valor económico del oro ilegal y genera mayores incentivos para la extracción y comercialización fuera de los canales formales.
A ello se suman las dificultades para determinar la procedencia del mineral. El IPE ha advertido anteriormente sobre debilidades en la trazabilidad y sobre el papel que pueden cumplir plantas procesadoras y empresas comercializadoras dentro de la cadena.
Reinfo vuelve al centro del debate
El crecimiento de estas exportaciones también reabre la discusión alrededor del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Según el IPE, desde la creación del registro en 2016 apenas alrededor del 2% de sus inscritos culminó el proceso de formalización, pese a las sucesivas ampliaciones del mecanismo.
El proceso de formalización tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta que entre en vigor el nuevo marco para la pequeña minería y minería artesanal, según lo establecido por el Congreso.
Para el instituto, el problema no se limita al bajo porcentaje de operadores que lograron formalizarse. También cuestiona los efectos que el actual esquema habría tenido sobre el control de actividades en territorios restringidos.
“Al eximir a los inscritos de responsabilidad penal, el Reinfo también ha facilitado el avance de esta actividad sobre zonas restringidas como áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas”, señala el IPE.
Esta evaluación corresponde al instituto y forma parte de sus cuestionamientos al funcionamiento del proceso de formalización.
IPE advierte riesgos para inversiones por más de US$ 12,000 millones
La expansión de la minería ilegal también tendría consecuencias sobre áreas vinculadas con operaciones y proyectos formales.
El análisis menciona afectaciones en zonas relacionadas con Poderosa, en La Libertad, y The Bambas, en Apurímac. Asimismo, identifica riesgos alrededor de proyectos como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira.
Según las estimaciones del IPE, los proyectos expuestos representarían conjuntamente más de US$ 12,000 millones en inversiones.
La presencia de actividades ilegales en estas zonas puede generar disputas territoriales, dificultades para desarrollar trabajos de exploración y mayores exigencias de seguridad para las compañías.
De esta manera, el avance del oro ilegal no solo tendría implicancias tributarias o comerciales. También podría afectar el desarrollo de futuras inversiones mineras.
IPE plantea reforzar trazabilidad y fiscalización
Frente a este escenario, el instituto considera necesario adoptar una estrategia que abarque toda la cadena del oro, desde su extracción hasta su comercialización y posterior exportación.
En particular, plantea fortalecer la trazabilidad, mejorar la fiscalización, establecer plazos definidos para la formalización y recuperar una mayor presencia del Estado en las zonas afectadas.
El IPE también expresó una posición más amplia sobre las medidas que considera necesarias:
“Enfrentar la minería ilegal exige un liderazgo claro y sostenido. Esto requiere cerrar definitivamente el Reinfo y recuperar la presencia efectiva del Estado en los territorios afectados. Asimismo, urge implementar una estrategia integral que combine formalización con plazos creíbles, trazabilidad robusta, fiscalización sostenida y cooperación transfronteriza”.
La propuesta de cerrar el Reinfo corresponde al IPE. El marco vigente, en cambio, mantiene el proceso de formalización hasta fines de 2026 o hasta la entrada en vigor de la nueva legislación aplicable, según corresponda.
Oro ilegal gana peso en la cadena exportadora
Las proyecciones para 2026 muestran que el oro ilegal estaría adquiriendo una participación cada vez mayor dentro de las exportaciones auríferas peruanas.
Si se cumple el escenario planteado por el IPE, más de la mitad del volumen de oro exportado durante el año tendría origen ilegal. Al mismo tiempo, su valor podría ubicarse entre US$ 16,000 millones y más de US$ 18,000 millones.
En un contexto de precios internacionales elevados, la capacidad para acreditar el origen del mineral, fiscalizar su procesamiento y seguir su recorrido hasta la exportación aparece como uno de los principales desafíos para el sector aurífero peruano.
