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Operation “Cruz de Motupe 2025” strikes illegal mining in Trujillo with seizures worth S/ 49.5 million

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Operation “Cruz de Motupe 2025” strikes illegal mining in Trujillo with seizures worth S/ 49.5 million

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As part of the fight against illegal mining, the Peruvian National Police (PNP), through the Directorate of Environment, carried out the operation “Cruz de Motupe 2025” on August 15th in the La Esperanza Mining Industrial Park and in the Sol Naciente Human Settlement, in the province of Trujillo (La Libertad), where assets used in this illicit activity valued at 49.5 million soles were seized.

La intervención se llevó a cabo en las plantas de beneficio de dos empresas, las cuales no acreditaron la legalidad de sus actividades durante el proceso de molienda de mineral metálico. Como resultado, se incautaron dos inmuebles, más de 9500 toneladas de mineral metálico, 21 maquinarias para minería (18 nuevas y 3 usadas), cuatro chancadoras y una tolva metálica.

En la operación fueron detenidas 10 personas por presunto delito ambiental en la modalidad de minería ilegal, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

En la minería filoniana, las plantas de beneficio constituyen el centro de gravedad de la actividad ilegal, pues es allí donde el mineral extraído de manera clandestina se transforma y adquiere valor en el mercado. Se trata de un factor crítico, al igual que los explosivos, para sostener esta cadena ilícita.

El operativo contó con el respaldo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales y la participación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Defensoría del Pueblo.

Con este despliegue el Gobierno reafirma su compromiso de luchar frontalmente contra la minería ilegal, actividad que depreda el medio ambiente, pone en riesgo la seguridad de las comunidades y alimenta economías ilícitas, mediante acciones firmes y coordinadas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y los sectores competentes.

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