Julia Torreblanca: “Un retraso de cuatro años en un proyecto minero puede costar S/12.000 millones”

El Perú cuenta con una cartera de 67 proyectos mineros valorizados en más de US$64.000 millones y 84 iniciativas de exploración por alrededor de US$1.039 millones. Sin embargo, el país no logra despegar como potencia minera debido a trabas políticas, normativas y sociales, advirtió Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde.

“Tenemos riqueza geológica, ubicación estratégica, fuerza laboral preparada, pero el principal problema no es geológico: es político y normativo”, afirmó durante su participación del webinar “Road to PERUMIN 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú”. Torreblanca explicó que la tramitología que enfrentan los proyectos puede alargar su puesta en marcha hasta seis o siete años, más del doble de lo que establecen los plazos normativos.

Según sus estimaciones, un retraso de cuatro años en un proyecto modelo puede ocasionar pérdidas equivalentes a S/12.000 millones en PBI, además de un impacto fiscal de S/2.066 millones y la no generación de 8.500 empleos en la fase de inversión y 7.400 en la etapa de producción.

La ejecutiva también alertó sobre el impacto de la conflictividad social. Entre 2021 y el primer trimestre de 2023, once unidades mineras fueron paralizadas por enfrentamientos con comunidades en ocho regiones del país. Estas interrupciones provocaron pérdidas de S/7.000 millones en PBI y S/1.791 millones en recaudación fiscal, según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Torreblanca señaló que el Estado debe asumir un rol más activo, no solo como mediador y garante del diálogo, sino también fortaleciendo su presencia institucional en las zonas de influencia minera y manteniendo una estrategia firme contra la minería ilegal. “Necesitamos empleos formales y seguros, pero para eso se requiere que las autoridades faciliten canales efectivos de comunicación y resuelvan los conflictos de manera oportuna”, puntualizó.

Asimismo, cuestionó el uso ineficiente de los recursos que generan las compañías mineras para las regiones. Recalcó que es indispensable que los gobiernos locales y regionales prioricen la inversión en salud, educación y saneamiento, antes que en proyectos de menor relevancia. “La población necesita servicios básicos que todavía no están cubiertos. Ese debe ser el verdadero impacto de la minería en el desarrollo del país”, subrayó.