El avance de la illegal mining ha contribuido a mejorar la imagen de la actividad formal en el Perú, que pasó de una percepción positiva del 25% en 2018 a más del 45% en 2026, según la National Society of Mining, Petroleum and Energy. Este crecimiento en la aceptación social refleja el trabajo sostenido del sector minero formal para transparentar su gestión, fortalecer el vínculo con las comunidades y generar beneficios tangibles en los territorios donde opera.
Durante el primer Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMP, la minería formal enfrenta el reto de operar en contextos complejos, donde la falta de presencia efectiva del Estado y la expansión de la minería ilegal generan dificultades adicionales.
Grossheim explicó que la minería formal trabaja con horizontes de largo plazo, lo que exige construir relaciones de confianza duraderas y trasladar esas relaciones desde el plano personal hacia la institucionalidad. “No se puede depositar toda la confianza en las personas. El desafío es crear institucionalidad para que los procesos y acuerdos sobrevivan a los cambios de líderes o equipos”, remarcó.
La ejecutiva destacó que, pese a los avances, persisten desafíos en la gestión de los compromisos sociales. Muchos conflictos surgen por acuerdos ambiguos o con roles poco claros, situación que debilita la sostenibilidad de los proyectos. “Los acuerdos tienen que ser claros y medibles, con roles determinados. Es fundamental definir quién debe hacer qué”, señaló Grossheim.
El éxito de los diálogos, añadió, no depende de la cantidad de acuerdos firmados, sino de la calidad y posibilidad real de cumplirlos, así como del impacto tangible en los territorios. “Un incumplimiento destruye la confianza y reconstruirla puede tomar años”, advirtió, subrayando la importancia de adaptar los acuerdos al contexto cambiante para mantener su vigencia y legitimidad.
Mejora la percepción social de la minería formal
El sector minero formal, según la SNMP, viene impulsando diversas herramientas para fortalecer la gestión social y la prevención de conflictos. Entre ellas, destacan las orientaciones sobre gestión de reclamos y la debida diligencia en derechos humanos, que buscan dotar a las empresas de instrumentos prácticos y efectivos. Grossheim aclaró que la diversidad territorial y empresarial del país obliga a adaptar estas prácticas a cada realidad, en vez de aplicar estándares homogéneos.
En contraste con el avance del sector formal, la minería ilegal continúa expandiéndose y genera creciente preocupación social. “Dos de cada tres peruanos creen que la minería ilegal ha aumentado en los últimos años y el 78% de la población percibe que estas actividades financian redes de crimen organizado”, alertó Grossheim, recalcando el impacto negativo de la informalidad y la urgencia de una respuesta estatal más firme.
La percepción positiva de la minería formal, que en 2018 estaba en el 25%, supera en 2026 el 45%, y el 62% de los encuestados considera que la actividad trae beneficios a las comunidades, según el gremio. “Existen muchos acuerdos ambiguos, justamente se hacen así para que no haya un seguimiento real. Los acuerdos deben ser claros y precisos, con roles determinados; es fundamental definir quién debe hacer qué”, insistió Grossheim.
“La confianza interpersonal nos va a abrir la puerta, pero la confianza institucional nos la va a mantener abierta. Y hacia ello es a lo que debemos trabajar”, concluyó la directora ejecutiva de la SNMP en su presentación en el GESS 2026.
