Alertan que propuesta de Roberto Sánchez facilitaría acceso de minería ilegal a explosivos y mercurio

Un proyecto legislativo impulsado por el candidato presidencial Roberto Sánchez ha generado cuestionamientos entre especialistas del sector minero y exautoridades, quienes advierten que algunas de sus disposiciones podrían debilitar los mecanismos de control aplicados a la actividad extractiva y abrir espacios que podrían ser aprovechados por operadores vinculados a la minería ilegal.

La iniciativa, denominada “Ley marco de minería con prácticas ancestrales”, fue presentada durante la actual campaña electoral y plantea la creación de un régimen especial para determinados segmentos de la minería artesanal y de pequeña escala. Sin embargo, algunos de sus artículos han despertado preocupación debido a las excepciones que contempla respecto a requisitos actualmente exigidos por el Estado.

Uno de los puntos más debatidos está relacionado con las obligaciones vinculadas a la trazabilidad del mineral. La propuesta establece que determinados grupos de productores estarían exceptuados de presentar documentación relacionada con el uso de explosivos, la adquisición y transporte de insumos químicos utilizados en el procesamiento del mineral, así como de ciertos instrumentos de gestión ambiental.

Para los especialistas consultados, estas flexibilidades podrían generar riesgos en un contexto donde la minería ilegal mantiene una fuerte expansión en distintas regiones del país. Según señalan, la reducción de controles sobre materiales sensibles como explosivos e insumos químicos podría dificultar las labores de fiscalización y seguimiento realizadas por las autoridades competentes.

Luis Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, sostuvo que las excepciones planteadas representarían un incentivo para actividades que operan al margen de la ley. “Es un fomento a la minería ilegal. Son excepciones inaceptables. Es como una carta libre para que los ilegales se doten de herramientas para el desarrollo de su actividad”, manifestó.

La iniciativa también contempla disposiciones relacionadas con la comercialización de minerales extraídos por los grupos comprendidos dentro del régimen propuesto. En ese sentido, establece mecanismos simplificados para acreditar las operaciones de compra y venta mediante comprobantes electrónicos emitidos por adquirentes autorizados.

No obstante, Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), cuestionó la efectividad de dicho mecanismo como herramienta de trazabilidad. A su juicio, la emisión de comprobantes tributarios permite acreditar una transacción económica, pero no garantiza la identificación del origen real del mineral comercializado.

Las observaciones también alcanzan al enfoque conceptual de la propuesta. Algunos especialistas consideran que la categoría de “minería ancestral” utilizada en el proyecto genera interrogantes sobre su aplicación práctica y los criterios que permitirían diferenciarla de otros segmentos de la actividad minera formalizados o en proceso de formalización.

Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, advirtió que las medidas planteadas podrían debilitar la capacidad de supervisión del Estado en un momento en que la ciudadanía exige mayores acciones frente a economías ilegales vinculadas a la extracción de minerales. “La verdadera inclusión no consiste en eliminar controles”, afirmó.

Los expertos coinciden en que los requisitos vinculados al uso de explosivos, insumos químicos y gestión ambiental constituyen elementos fundamentales para garantizar la legalidad, sostenibilidad y seguridad de las operaciones mineras. Por ello, consideran que cualquier modificación normativa debe mantener mecanismos efectivos de control y trazabilidad que permitan combatir la minería ilegal y fortalecer los procesos de formalización.

El debate se produce en medio de una campaña electoral donde las propuestas relacionadas con minería, formalización y lucha contra actividades ilícitas han cobrado especial relevancia, debido al creciente impacto económico, ambiental y social que genera la expansión de la minería ilegal en diversas zonas del país.