Ortiz: Si buscamos erradicar realmente la minería ilegal, las políticas deben ser sobre todo bien ejecutadas

La minería ilegal que tanto daño le hace al país debe ser erradicada con políticas estructurales y bien ejecutadas, sostuvo Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Solo así podremos poner fin a más de una década de ilegalidad impulsada por un fallido proceso de formalización”, señaló en su última columna del Semáforo Minero.

Según cifras oficiales, en los últimos tres años entre 2022 y 2025 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que la minería ilegal a nivel nacional movilizó US$ 2,248 millones.

El directivo del IIMP comentó que es preciso que se entienda que la minería es fundamental para el desarrollo económico nacional.

“No solo genera empleo, fomenta inversiones, dinamiza negocios locales y aporta recursos clave como el canon y las regalías mineras, que impactan directamente en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos mineros”, indicó.

Esperan consenso técnico

El vocero del IIMP agregó que tras casi un mes de instalada la mesa de trabajo de 60 días para consensuar una nueva Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley Mape), se espera que el texto resultante se base efectivamente en criterios técnicos que marque un verdadero cambio hacia la formalización.

“Confiamos en que en esta oportunidad se llegue a un consenso pues solo así podremos poner fin a más de una década de ilegalidad impulsada por un fallido proceso de formalización”, anotó.

Ortiz resaltó que la minería ilegal no solo contamina el medioambiente, sino que trae consigo criminalidad, inseguridad, trata de personas e incluso la muerte de trabajadores.

“Urgimos a las autoridades a implementar un plan integral con objetivos, plazos y responsabilidades claras, que articule acciones entre todas las instituciones involucradas”, expresó.

Finalmente, refirió que es importante las continuas intervenciones de la Fiscalía Ambiental, al clausurar bocaminas y campamentos ilegales.

“Reiteramos la necesidad de reforzar la inteligencia operativa, el control de insumos, explosivos, maquinaria pesada, operativos de interdicción y destrucción de dragas y equipos”, concluyó.