El Plan Regional de Competitividad y Productividad de Puno al 2033 establece una hoja de ruta para fortalecer la gestión pública y articular esfuerzos entre los gobiernos locales, el Gobierno Regional, el Ejecutivo y el sector privado, con la minería como aliada del desarrollo territorial. La propuesta contempla nueve objetivos prioritarios, 30 medidas de política pública y 275 hitos verificables, con responsables y plazos definidos.
La iniciativa fue presentada por Gonzalo Quijandría, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minsur, durante el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). El plan busca responder a las dificultades de gestión y coordinación que limitan la capacidad de la región para convertir sus recursos disponibles en mejores servicios e infraestructura.
Uno de los principales desafíos se relaciona con la ejecución de la inversión pública. Según lo expuesto durante la presentación, este indicador pasó de S/ 1,435 millones en 2020 a S/ 2,777 millones en 2025, prácticamente el doble en cinco años. Sin embargo, el incremento todavía no se refleja en mejoras suficientes en infraestructura y servicios básicos para la población.

Al respecto, Quijandría señaló que Puno necesita fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para aprovechar mejor sus recursos. «Cuando Puno se une por un objetivo común ha demostrado tener la capacidad de inversión», sostuvo.
Asimismo, destacó la importancia de que los compromisos establecidos tengan continuidad más allá de los periodos de gestión de las autoridades. «El plan es del territorio, no de la empresa», afirmó.
Plan de competitividad de Puno contempla obras de infraestructura y conectividad
Entre los principales compromisos del Plan Regional de Competitividad y Productividad figuran el desarrollo de corredores viales, la modernización del aeropuerto Inca Manco Cápac y la ampliación de la conectividad digital mediante la instalación de servicios de banda ancha.
En el caso del aeropuerto, la propuesta plantea mejorar su infraestructura para que pueda recibir vuelos de al menos tres aerolíneas, frente a la operación actual de una compañía.
En materia social, el plan también establece objetivos relacionados con la salud y el bienestar de la población. Uno de ellos es reducir la anemia infantil de 56.1% a 41% al 2033, mediante acciones orientadas a mejorar las condiciones de desarrollo de la población infantil.
Estos compromisos forman parte de una estrategia que busca vincular la inversión pública con resultados concretos para la competitividad y la calidad de vida en la región.
Sector público y privado buscan fortalecer la gestión regional
Durante el panel del Jueves Minero, Antuanet Reyes, gerente legal de Asuntos Mineros y Ambientales de Aftermath Silver, señaló que mejorar la gestión pública requiere abordar diferentes aspectos institucionales, más allá de los cambios normativos.
«Se trata de un diagnóstico integral de cambios: recursos humanos, tecnología de la información y procesos», manifestó.
Por su parte, Adriana Aurazo, secretaria general LATAM de la Alianza Minera de América Latina (ALMA), destacó la importancia de construir alianzas entre las empresas y las autoridades para impulsar estrategias de desarrollo territorial.

«La minería en sí misma no va resolver los problemas del país, pero a través de alianzas y acompañando a las autoridades vamos a tener una verdadera estrategia territorial», sostuvo.
A su turno, Claudia Pereyra, CEO de Modo Sostenible, resaltó que la sostenibilidad también representa un factor de competitividad para las compañías. «Una empresa que se preocupa por el entorno en el que opera es una empresa que está mejor preparada para competir», afirmó.
Las intervenciones coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación entre el Estado, las empresas y otros actores del territorio para impulsar iniciativas que respondan a las necesidades de la población.
Puno establece seguimiento público de sus metas al 2033
El Plan Regional de Competitividad y Productividad de Puno fue aprobado mediante ordenanza regional en agosto de 2026 y contempla mecanismos de seguimiento público a través de la plataforma Ayni del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Su primer corte de evaluación está previsto para diciembre de 2026, mientras que sus objetivos de largo plazo se extienden hasta el año 2033.
Con esta hoja de ruta, Puno busca fortalecer la articulación institucional y dar continuidad a los compromisos de inversión y desarrollo regional. La participación del sector privado, incluida la actividad minera, forma parte de este esfuerzo para transformar la planificación en resultados verificables para la población.





