The minería ilegal en Perú amplía su presencia en territorios vinculados a proyectos de cobre y pone en riesgo el desarrollo de nuevas inversiones en el sector. Esta situación fue advertida por especialistas durante el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde analizaron los efectos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y los desafíos del nuevo proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
Durante el encuentro, Paola Bustamante, directora de Legado Positivo y vicepresidenta de Hágase Instituto, señaló que existen proyectos mineros que, pese a contar con concesiones y permisos ambientales aprobados, enfrentan dificultades para avanzar debido a la ocupación de sus territorios por actividades ilegales.
La especialista advirtió que esta problemática ya no se concentra únicamente en las zonas auríferas, sino que también alcanza áreas relacionadas con proyectos de cobre.
“Se están generando invasiones ya no solamente por oro, sino por copper. Ya hay zonas de proyectos mineros que no están pudiendo avanzar teniendo concesión y permisos ambientales aprobados, porque la minería ilegal ya se asentó en el territorio”, manifestó.
Bustamante sostuvo que la simplificación de los procedimientos administrativos debe complementarse con medidas efectivas para proteger el acceso a las concesiones y garantizar los derechos de sus titulares. En esa línea, consideró necesario que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre esta problemática y que el Poder Ejecutivo adopte acciones concretas contra la minería ilegal.
Formalización minera requiere resultados y condiciones claras
Por su parte, María Cristina Alva, socia de Minería, Recursos Naturales y Sostenibilidad de CMS Grau, cuestionó los resultados del proceso de formalización minera y advirtió sobre los efectos de las sucesivas prórrogas del Reinfo.
La especialista indicó que actualmente existen más de 31,000 registros, mientras que desde 2014 únicamente 2,345 mineros han conseguido completar su formalización.
“Es importante mirar una realidad de algo que no funcionó y que además estamos repitiendo en el tiempo por varias razones”, señaló.
Alva también destacó la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda pendiente, con el propósito de garantizar la protección de los derechos, la salud y el medio ambiente.
Especialistas piden diferenciar la pequeña minería formal de las actividades ilegales
En el panel también participó Eduardo Lanao, CEO y fundador de CrossPartners y presidente ejecutivo de ProMinería, quien planteó la importancia de distinguir la pequeña minería y minería artesanal formal de las actividades informales e ilegales.
El especialista advirtió que agrupar estas actividades bajo una misma categoría puede perjudicar a los productores que cumplen con las exigencias legales y cuentan con los títulos habilitantes correspondientes.
“La minería de pequeña escala no es minería informal y es lo primero que yo plantearía en el marco del análisis de una ley MAPE”, afirmó.
Asimismo, recordó que el desarrollo de una actividad minera responsable requiere cumplir condiciones relacionadas con la gestión ambiental, el acceso a la superficie, la protección del patrimonio arqueológico y el respeto de los derechos de los titulares de las concesiones mineras.
Ley MAPE y Reinfo generan debate sobre la seguridad jurídica
En sus reflexiones finales, el constitucionalista Samuel Abad advirtió que el régimen de consolidación contemplado en la Ley MAPE podría mantener la inmunidad penal asociada al Reinfo bajo otra denominación.
Por ello, planteó que la nueva normativa precise que los delitos deben ser investigados y sancionados, incluso durante los procesos de formalización minera. También exhortó al Tribunal Constitucional a emitir un pronunciamiento sobre la demanda pendiente.
“La Constitución no solamente está para leerla, está para defenderla. Y el TC debe defenderla”, sentenció.
Las intervenciones coincidieron en que el desafío de la formalización minera requiere una respuesta integral que combine la simplificación de trámites con fiscalización efectiva, seguridad jurídica y protección de derechos. Estos elementos resultan fundamentales para evitar que las actividades ilegales continúen afectando concesiones y proyectos mineros, así como para generar condiciones adecuadas para nuevas inversiones en el Perú.
