Perú enfrenta una deuda superior a US$ 67 millones tras fallo internacional a favor de Lupaka Gold

El Estado peruano quedó obligado a asumir una deuda superior a los US$ 67 millones a favor de la minera canadiense Lupaka Gold Corp., luego de que quedara firme un fallo internacional emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al no haberse solicitado su anulación dentro del plazo legal establecido.

De acuerdo con la normativa del sistema arbitral internacional, el Perú contaba con 120 días para pedir la cancelación del fallo. Sin embargo, ese plazo venció el 28 de octubre, lo que consolidó la obligación de pago. El laudo fue emitido el 30 de julio y el monto seguirá incrementándose debido a la aplicación de intereses anuales de 9%.

El caso se originó en 2018, cuando el proyecto aurífero Invicta, operado por Invicta Mining Corp., filial de Lupaka Gold, fue paralizado tras una serie de bloqueos que impidieron el acceso a la operación. Según la empresa, las protestas incluyeron la toma del campamento y oficinas, sin que las autoridades actuaran de manera efectiva para restablecer el orden y garantizar la continuidad del proyecto.

Hasta ese momento, la mina ya había avanzado significativamente en su desarrollo, con más de 3,000 metros de túneles subterráneos construidos y una carretera de 29 kilómetros ejecutada para acceder a la zona. En ese contexto, la compañía presentó una demanda internacional reclamando una compensación superior a los US$ 100 millones por los perjuicios sufridos.

El fallo a favor de Lupaka Gold se suma a una cartera más amplia de controversias internacionales que enfrenta el país. Según información de la Cámara de Comercio de Lima, al 30 de diciembre de 2025, el Perú mantenía 21 procesos de arbitraje internacional abiertos, todos iniciados por empresas que alegan incumplimientos del Estado.

A ello se añade un antecedente reciente en Estados Unidos, donde el Tribunal del Distrito de Columbia declaró al Perú en rebeldía por no cumplir con un fallo arbitral relacionado con el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, a favor del consorcio Kuntur Wasi.

Estos casos vuelven a poner en debate la gestión de los conflictos de inversión y la capacidad del Estado para prevenir disputas que terminan trasladándose al ámbito internacional, con impactos directos sobre las finanzas públicas y la percepción del país frente a los inversionistas extranjeros.