Senace aprobó 103 proyectos de inversión que representan más de US$ 2,692 millones en la región Puno, como parte de los procesos de evaluación y certificación ambiental desarrollados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM).
Las iniciativas corresponden a los sectores de minería, transportes, electricidad y agricultura, y buscan contribuir al desarrollo económico regional mediante inversiones que incorporen criterios de protección ambiental y participación ciudadana.
En ese contexto, el Senace desarrolló en Puno la estrategia «Ruta Regional», una iniciativa orientada a acercar información sobre los procedimientos de certificación ambiental, promover el intercambio de experiencias y fortalecer las capacidades de los actores involucrados en la gestión de proyectos de inversión.
Durante la jornada, la presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba, destacó la importancia de mantener una evaluación ambiental con rigor técnico, incorporar nuevas tecnologías y promover la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones.
Senace aprobó estudios ambientales de proyectos mineros y eléctricos en Puno
Entre los expedientes aprobados por el Senace destacan instrumentos de gestión ambiental vinculados con proyectos estratégicos de infraestructura y minería.
En el sector eléctrico figuran los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los proyectos Línea de Transmisión para la Conexión de la Central Hidroeléctrica San Gabán III al SEIN y Línea de Transmisión Tintaya Nueva–Pumiri en 220 kV y Subestaciones Asociadas.
Asimismo, en el sector minero destaca la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la Unidad Minera Quenamari–San Rafael, operación ubicada en la región Puno.
Estas certificaciones forman parte de las evaluaciones ambientales que buscan establecer las condiciones y medidas necesarias para el desarrollo de proyectos de inversión, considerando sus posibles impactos y las disposiciones ambientales aplicables.
Participación ciudadana reunió a más de 7,500 personas
Como parte de los procedimientos de evaluación ambiental, el Senace desarrolló 137 eventos de participación ciudadana en la región, entre ellos 117 talleres y 20 audiencias públicas, que congregaron a más de 7,541 personas.
Estas actividades permitieron recoger aportes, brindar información sobre los proyectos y promover el involucramiento de la población en los procesos de certificación ambiental.
Además, mediante la estrategia «Aula Intercultural», la entidad impulsó la participación de representantes de organizaciones de pueblos indígenas aimaras, quechuas y urus, con el propósito de fortalecer el diálogo intercultural y facilitar el acceso a información sobre las inversiones.
La agenda de «Ruta Regional» también incluyó una reunión técnica con titulares de proyectos de inversión en el Gobierno Regional de Puno, un curso sobre presentación de solicitudes de clasificación en el Colegio de Ingenieros y una conferencia sobre certificación ambiental y el Registro Nacional de Consultoras Ambientales en la Universidad Nacional del Altiplano.
Senace evalúa nuevos proyectos mineros y de infraestructura
Además de las iniciativas aprobadas, el Senace mantiene en evaluación otros proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de infraestructura y la actividad minera.
Entre ellos se encuentran el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del proyecto minero Katty, ubicado entre Moquegua y Puno; la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la Unidad Minera Untuca; y el EIA-d del proyecto Chiguata–Santa Lucía, orientado a optimizar el transporte interregional.
Estas iniciativas forman parte de los procedimientos que la entidad debe evaluar conforme a los requisitos técnicos y ambientales correspondientes.
Con la aprobación de 103 proyectos y el desarrollo de actividades de participación ciudadana, el Senace busca fortalecer la certificación ambiental en Puno y contribuir a que las inversiones en minería, electricidad, transportes y agricultura avancen bajo criterios de sostenibilidad y participación de la población.
