La minería informal se expande en 380 distritos del Perú y deja rezagos sociales

La minería informal ha ampliado su presencia en el territorio nacional y hoy se extiende a 380 distritos del Perú, una dinámica que se asocia a rezagos sociales y un deterioro del desarrollo territorial, según un estudio econométrico elaborado por Videnza Instituto.

El análisis evaluó el desempeño de 1,891 distritos del país con el objetivo de contrastar la narrativa que atribuye a la minería artesanal y de pequeña escala informal (MAPE) un mayor beneficio local frente a la gran minería formal. De acuerdo con el estudio, esta percepción ha influido en debates territoriales, decisiones políticas y conflictos sociales, pese a la ausencia de evidencia sistemática que la respalde.

Clasificación distrital y metodología

Para medir el impacto de la minería sobre el desarrollo territorial, Videnza construyó una clasificación distrital basada en cuatro criterios:

• el área concesionada y el tipo de titular (MAPE o mediana/gran minería),
• la presencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), considerando registros vigentes, excluidos y ubicados en concesiones extintas,
• el canon minero devengado,
• y la producción minera declarada ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
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A partir de estas variables, los distritos fueron agrupados en cinco categorías:

• No mineros: 991 distritos
• Minería formal: 85 distritos
• Predominio formal: 214 distritos
• Coexistencia (formal e informal): 380 distritos
• Predominio informal: 221 distritos

Los distritos clasificados como de coexistencia concentran una alta presencia de Reinfo junto con concesiones formales, actividad minera activa pero heterogénea en niveles de cumplimiento ambiental, laboral y tributario, además de conflictos por superposición de derechos y una capacidad estatal limitada para controlar la informalidad.

Resultados: brechas que se amplían tras la pandemia

El estudio utiliza como indicador principal el Índice de Desarrollo Humano (IDH), estimado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una escala de 0 a 100.

En 2019, los distritos con minería formal y los distritos no mineros mostraban niveles de IDH similares (52.15 y 52.95 puntos, respectivamente), mientras que los distritos con predominio informal y de coexistencia registraban niveles ligeramente menores (51.57 y 50.98 puntos).

Sin embargo, hacia 2024, periodo en el que la minería informal se intensificó tras la pandemia y se relajaron los mecanismos de control estatal, la evolución fue desigual. Mientras los distritos no mineros y de predominio formal registraron mejoras de 2.36% y 1.65%, respectivamente, los distritos con informalidad y coexistencia avanzaron a un ritmo más lento, quedando rezagados.

Esta brecha no solo resulta estadísticamente significativa, sino que se amplía en departamentos con mayor presencia de minería ilegal, donde incluso se observan caídas acumuladas del IDH en el quinquenio analizado.

Las regresiones econométricas confirman que, en 2024, los distritos de coexistencia presentan un IDH menor al de los distritos no mineros, aun después de controlar por condiciones históricas de desarrollo, altitud y variables socioeconómicas. Este resultado contrasta con el escenario de 2019, cuando la informalidad no tenía un peso tan marcado.

El deterioro es más severo en distritos que concentran Reinfo sin registrar producción minera declarada ante el Minem, un patrón identificado como indicio de minería ilegal. En estos territorios, los niveles de desarrollo son sistemáticamente más bajos.

Informalidad, instituciones débiles y efectos regresivos

La evidencia nacional coincide con estudios internacionales que muestran que la minería informal tiende a expandirse en territorios con instituciones débiles, marcos regulatorios inadecuados y altos costos de formalización. Investigaciones de Tingini y Eniowo (2025) y de Hilson y Maconachie (2017) señalan que este tipo de extractivismo desregulado suele generar circuitos económicos de baja productividad, degradación ambiental, informalidad laboral y aprovechamiento desigual de los beneficios.

Asimismo, la informalidad minera tiende a desplazar inversión pública efectiva, al saturar la capacidad del Estado con conflictos socioambientales, problemas de seguridad y deterioro de infraestructura, dando lugar a territorios de baja gobernabilidad.

En conjunto, el estudio concluye que la minería informal no actúa como un sustituto eficaz de la minería formal ni constituye, por sí sola, una vía sostenible para dinamizar el desarrollo local. Por el contrario, la evidencia empírica sugiere que su expansión está asociada a efectos regresivos en aquellas zonas donde su presencia se ha intensificado.