Minam elimina exigencia técnica al sector eléctrico y evita sobrecostos por cerca de S/ 70 millones

El sector eléctrico peruano dejará de asumir sobrecostos relevantes tras la decisión del Ministerio del Ambiente (Minam) de derogar una exigencia normativa que, en la práctica, resultaba de imposible cumplimiento para las empresas de generación. Con esta medida, se estima que se evitarán costos potenciales cercanos a S/ 70 millones.

La disposición eliminada obligaba a las centrales eléctricas que utilizan motores de combustión interna a operar con diésel de ultra bajo contenido de azufre (10 ppm), un combustible que no se encuentra disponible en el mercado nacional. Esta condición, además, exigía el uso de equipos certificados bajo estándares internacionales específicos, encareciendo tanto la inversión inicial como los costos operativos.

De acuerdo con evaluaciones técnicas realizadas durante el proceso de revisión, la norma podía incrementar hasta en 20% el costo de adquisición de motores, además de elevar en alrededor de 5% los gastos de operación, sin que ello se traduzca en un beneficio ambiental proporcional.

La exigencia formaba parte del Decreto Supremo N.° 030-2021-MINAM, aprobado en 2021, y fue revisada tras un procedimiento iniciado de oficio por el Indecopi, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. El análisis concluyó que la obligación afectaba la actividad económica del sector eléctrico al imponer requisitos técnicos inviables en el contexto peruano.

Como resultado del procedimiento, el Minam optó por retirar la disposición cuestionada mediante la emisión de un nuevo decreto supremo, publicado en el diario oficial El Peruano. Con ello, las empresas de generación ya no estarán sujetas a una norma que condicionaba su operación al uso de insumos inexistentes en el país.

Desde una perspectiva regulatoria, el caso evidencia la importancia de evaluar el impacto real de las normas ambientales sobre los sectores productivos, asegurando que los objetivos de protección ambiental sean compatibles con la realidad del mercado y la sostenibilidad económica de las actividades reguladas.

La decisión se suma a otros ajustes normativos impulsados en el marco de los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, orientados a reducir cargas innecesarias y mejorar la eficiencia del entorno regulatorio, sin comprometer los estándares ambientales.