Gobierno declara en emergencia 15 distritos de Cajamarca por minería ilegal y violencia

El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia, por el plazo de sesenta días calendario, en diversos distritos del departamento de Cajamarca, con el objetivo de restablecer el orden interno frente al incremento de la minería ilegal, delitos conexos y otras situaciones de violencia.

Según el Decreto Supremo N.º 052-2026-PCM, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, la medida alcanza a los distritos de Encañada y Chetilla, en la provincia de Cajamarca; Cachachi, en Cajabamba; Sorochuco y Huasmin, en Celendín; Contumazá, en la provincia del mismo nombre; Chalamarca, en Chota; Hualgayoc, Chugur y Bambamarca, en Hualgayoc; San Ignacio y San José de Lourdes, en San Ignacio; y Gregorio Pita, en San Marcos.

Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, priorizando intervenciones sobre la base de inteligencia, indicadores y mapas del delito, a fin de enfrentar de manera efectiva las actividades vinculadas a la minería ilegal.

Asimismo, se dispone la restricción del ejercicio de determinados derechos constitucionales, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo referido a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y seguridad personal, en las zonas comprendidas en la medida.

Además, el decreto supremo establece la conformación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada, así como de comités especializados de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con participación de entidades del Estado en los tres niveles de gobierno. Ello, con el fin de ejecutar acciones integradas para reducir los índices de criminalidad y desarticular organizaciones vinculadas a la minería ilegal.

De igual forma, se implementarán operativos de control territorial, patrullaje permanente, fiscalización de insumos y rutas vinculadas a actividades ilícitas, así como acciones de inteligencia orientadas a identificar y neutralizar estructuras criminales que operan en la zona.

El Gobierno reafirma, a través de esta medida, su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar el Estado de derecho y proteger a la población frente a las amenazas derivadas de la minería ilegal, mediante una intervención articulada y sostenida en el territorio.