17 de 35 planes de gobierno plantean cambios a concesiones mineras y 8 generan alerta por minería ilegal

Las concesiones mineras se han convertido en uno de los temas más sensibles del debate político vinculado al sector extractivo. El contexto no es menor: el país atraviesa un escenario de precios elevados para metales como el oro y el cobre, mientras la minería ilegal gana terreno en distintas zonas del territorio nacional y el Congreso también ha empezado a mover iniciativas para modificar las reglas de este sistema. En esa línea, la Comisión de Energía y Minas del Parlamento aprobó recientemente un dictamen orientado a reducir los plazos de caducidad y elevar los costos vinculados a las concesiones.

La dimensión del tema se entiende mejor al revisar el tamaño del régimen vigente. A octubre de 2025, el Perú registraba 19,151 titulares mineros con derechos sobre 55,783 concesiones vigentes. En conjunto, esas áreas abarcaban 20.4 millones de hectáreas, equivalentes a aproximadamente el 17% del territorio nacional.

Sobre esa base, la revisión de 35 planes de gobierno mostró que 17 de ellos incorporan propuestas relacionadas con concesiones mineras. Sin embargo, no todas apuntan en la misma dirección ni tienen el mismo nivel de impacto. Dentro de ese universo, nueve planteamientos se ubican en una línea más orientada a ajustes o modernización del marco vigente. Allí aparecen propuestas como modernizar la Ley General de Minería incorporando plazos obligatorios de exploración y producción, revisar la duplicidad y superposición de pequeñas y medianas concesiones, establecer incentivos fiscales temporales a la exploración para reducir el costo del riesgo y atraer capital, o impulsar un catastro nacional para ordenar la política de concesiones. El análisis también señala que hay planes sin referencias directas a este tema, como los de Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez.

La mayor preocupación se concentra en otro bloque de ocho propuestas. Según el análisis reseñado, ese grupo plantea cambios al régimen de concesiones que afectarían de manera severa el atractivo del Perú como destino de inversión minera formal. La advertencia central es que, al desincentivar la actividad formal, se terminarían creando condiciones que faciliten un mayor avance y fortalecimiento de la minería ilegal.

Entre los casos identificados figura la propuesta de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien plantea reducir el tiempo de caducidad de las concesiones de 30 años a 4 o 5 años para la pequeña minería y la minería artesanal. Su plan también sostiene que las concesiones “ociosas” serían entregadas a pequeños y artesanales mineros.

En esa misma línea de cambios de alto impacto, Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, propone reformar el sistema de concesiones mineras, incluyendo la revocatoria de aquellas que “no cumplen sus fines”, además de establecer límites máximos de concentración de concesiones por empresa o grupo económico. Ronald Atencio, de la Alianza Electoral Venceremos, plantea reformar los mecanismos de otorgamiento de concesiones para controlar el destino de la producción, asegurar participación accionaria de las comunidades dueñas de la superficie en explotación y, además, revocar, caducar o expropiar concesiones “ociosas”. También se menciona la propuesta de Francisco Diez Canseco, de Perú Acción, quien plantea que, en un plazo “indefectible y perentorio” de un año, los actores mineros que poseen concesiones rentadas a mineros informales tendrían que producir; de lo contrario, esas concesiones serían devueltas al Estado. A ello se suma Roberto Chiabra, de Unidad Nacional, quien propone reducir los plazos de vigencia sin superar los 10 años, aunque con carácter no retroactivo, y Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, quien desliza la necesidad de renegociar contratos de concesión a partir de febrero de 2027 bajo un nuevo marco normativo.

Uno de los conceptos más discutidos en este debate es el de las llamadas concesiones “ociosas”. Desde el sector empresarial se cuestiona ese término y se sostiene que responde a un diagnóstico equivocado sobre cómo madura una inversión minera. Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la SNMPE, advierte que acortar de forma drástica los plazos de las concesiones terminaría expulsando a quienes sí siguen los procedimientos formales, porque obtener permisos, adquirir terrenos superficiales y alcanzar acuerdos con comunidades toma mucho más tiempo que los plazos propuestos en algunos planes. Bajo ese escenario, señala, quienes tendrían ventaja serían los ilegales e informales, que invaden concesiones, ocupan terrenos, no pagan derechos y explotan el recurso sin cumplir el marco legal.

El análisis crítico no queda allí. Desde la industria también se argumenta que una empresa no desarrolla toda su concesión al mismo tiempo, sino que sigue una estrategia de crecimiento y exploración progresiva. Además, se remarca que esas concesiones sí generan ingresos para el Estado a través del pago de derecho de vigencia y penalidades. Como ejemplo de esta lógica, se cita el caso de Antamina, que en septiembre de 2025 anunció la ampliación de la vida útil de su mina del 2028 al 2036 y una inversión de alrededor de US$ 2,000 millones en el Perú para elevar su producción de cobre. El argumento es que la gran minería necesita concesiones extensas no para mantenerlas inmóviles, sino para extender operaciones y descubrir nuevos yacimientos aprovechando infraestructura ya construida.

Quijandría añade que detrás de varias de estas propuestas subyace la posibilidad de aprovechar, en beneficio de actores informales e ilegales, años de inversión privada en conocimiento geológico. Según su lectura, se estaría apuntando a concesiones ya conocidas, donde precisamente se ha invertido en información y exploración. De ahí que vincule este debate con una cartera de proyectos por ejecutar de casi US$ 60,000 millones, cuyo sustento está, precisamente, en ese conocimiento acumulado.

A esta preocupación se suma otra advertencia del sector: hoy ya existe un cuello de botella para la inversión en exploración, explicado por la demora en trámites, la conflictividad social y la inseguridad generada por la minería ilegal. En paralelo, Jimena Sologuren, subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Poderosa, sostiene que varias de estas iniciativas muestran desconocimiento sobre el funcionamiento real de la industria y del marco jurídico que sostiene la atracción de inversiones. Ella recuerda que, según el Instituto Peruano de Economía, el tiempo que puede tomar un proyecto minero desde la exploración hasta la operación supera los 40 años, incluso por encima del rango máximo de 30 años que hoy suele ponerse en discusión.

Sologuren también remarca que parte del problema es la tramitología, pero además la presencia de concesiones invadidas por Reinfos caducos o por operadores ilegales. Desde esa perspectiva, la discusión no debería centrarse en recortar plazos o expropiar áreas, sino en corregir cuellos de botella y fortalecer la capacidad del Estado para ordenar el territorio. El trasfondo, entonces, no es solo regulatorio: toca seguridad jurídica, competitividad, exploración futura y control efectivo frente a economías ilegales.

Con ese panorama, la discusión electoral sobre concesiones mineras trasciende el terreno técnico y pasa a tener implicancias directas sobre la inversión, la formalidad y el desarrollo de nuevos proyectos. Lo que está en juego no es únicamente la duración o vigencia de un título minero, sino la arquitectura que permite sostener exploración, producción y expansión en un país donde la minería sigue siendo una actividad estratégica.