El 75% de candidatos presidenciales proponen dar valor agregado a la minería peruana

Con los precios del oro, el cobre y la plata en una tendencia alcista, la minería peruana —incluida la formal, la informal y la ilegal— ha pasado a ocupar un espacio destacado en la discusión de política pública. En ese marco, la actividad minera aparece como un capítulo específico dentro de los planes de gobierno de la mayoría de los principales candidatos presidenciales.

Un análisis realizado por el diario Gestión revisó los planes presentados por 12 de las 35 organizaciones políticas inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La muestra considerada incluye únicamente a los postulantes que registran intención de voto desde 1,0% a más, de acuerdo con una encuesta de Datum realizada este mes. Del examen de dichos documentos se desprende un patrón predominante: nueve de los 12 planes (75%) coinciden en que el Perú debería ir más allá de la simple extracción y apostar por dar valor agregado a su producción minera mediante diversos mecanismos.

Además, el análisis identifica otro punto transversal: todos los documentos incluyen ofrecimientos para avanzar en la formalización de mineros informales y enfrentar el avance de la minería ilegal, aunque con niveles de detalle distintos respecto a cómo se lograría.

Industrialización: tecnología, fundiciones e infraestructura

En el bloque de propuestas orientadas a “industrializar” la minería, el plan de Renovación Popular plantea impulsar la inversión en tecnología y procedimientos de última generación, con miras a construir una industria moderna. Su enfoque busca promover la industrialización y la producción de bienes y servicios que eleven el valor agregado de las materias primas, con el objetivo de aumentar la exportación de productos terminados.

Por su parte, Fuerza Popular propone promover la instalación de plantas de fundición y procesamiento para añadir valor a la extracción de concentrados. Su plan también plantea ampliar la participación de proveedores locales y Mypes en la cadena minera, mediante incentivos tributarios y no tributarios dirigidos a empresas que contraten servicios regionales.

En ese mismo paquete, Fuerza Popular incluye la promoción de Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI) para infraestructura vinculada a proyectos mineros, priorizando corredores viales y ferroviarios para conectarlos con puertos y mercados.

Incentivos para automatización y encadenamientos productivos

En el ámbito de innovación, el partido cuya lideresa es Keiko Fujimori incorpora además la creación de un Fondo Nacional de Innovación Minera enfocado en la minería artesanal y de pequeña escala, planteando incentivos tributarios para tecnologías de automatización, trazabilidad y reducción de impactos ambientales.

A su turno, País para Todos, con Carlos Álvarez como candidato, plantea que uno de los problemas del sector es la alta concentración en materias primas. Su respuesta propuesta es fomentar el encadenamiento de la minería con la metalmecánica, impulsando centros de innovación tecnológica (CITES) y mesas ejecutivas orientadas a innovación, entre otros instrumentos.

En tanto, Perú Primero, de Mario Vizcarra, postula que el país debe transitar desde un modelo exportador concentrado en materias primas “hacia una economía abierta, diversificada y con mayor valor agregado”, aunque el texto revisado no detalla una propuesta puntual para lograrlo.

Formalización: cierre del Reinfo y régimen MAPE

En el capítulo de formalización minera, el texto revisado menciona que el partido con George Forsyth como candidato propone el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en diciembre de 2027, como fecha improrrogable, junto con la creación de un régimen de formalización MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) que sea simplificado, pero riguroso.

Asimismo, dentro del conjunto de propuestas aparece un enfoque que mira a tierras raras y minerales estratégicos, como parte de las discusiones sobre el futuro del sector.

¿Se puede cumplir?: las observaciones de la SNMPE

El análisis incorpora la mirada del sector empresarial. La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, señaló a Gestión que la minería formal ya comprende un proceso metalúrgico de alta tecnología e innovación que no debe desmerecerse. En ese sentido, descartó que el Perú sea un país netamente exportador de concentrados y que “no gane lo suficiente”.

Torreblanca sostuvo que para desarrollar una industria más allá de la actividad minera —como nuevas fundiciones o refinerías— se requieren mercados, fábricas e infraestructura que permitan considerar ese tipo de inversiones, condiciones que, según indicó, no existen actualmente. Añadió que si bien podrían instalarse más refinerías, ello no sería rentable porque no hay compradores locales de productos finales, mientras que los países destino de los concentrados peruanos ya cuentan con infraestructura instalada para procesarlos.

“El Perú necesitaría crecer mucho más para justificar la construcción de nuevas refinerías y otras condiciones (para un desarrollo industrial basado en la minería)”, anotó.

En todo caso, precisó que sí podrían desarrollarse otras actividades industriales vinculadas a la minería —más allá de fundiciones o refinerías—, pero deberían formar parte de un plan concertado de fomento industrial y ejecutarse fuera de Lima, en las mismas zonas mineras, donde podrían formarse clústeres o polos de desarrollo.

La titular de la SNMPE también consideró clave que los planes de gobierno aborden medidas contra la minería ilegal y, además, que diferencien entre ilegalidad e informalidad (incluida la artesanal y la pequeña minería). Agregó que es necesario velar para que la minería formal no pierda competitividad y, por el contrario, se otorgue seguridad al inversionista.

Finalmente, Torreblanca indicó que la SNMPE ha invitado a candidatos y agrupaciones a firmar un pacto por la transparencia y la gobernabilidad, para que informen con qué recursos financian sus campañas y garanticen el origen de esos fondos, a fin de evitar filtraciones de la minería ilegal en el proceso electoral.

Fuente: Gestión