IPE: Minería ilegal pone en riesgo proyectos mineros por más de US$ 12,000 millones en el Perú

La expansión de la minería ilegal en el Perú se ha convertido en uno de los principales riesgos para el desarrollo de la minería formal y la llegada de nuevas inversiones al país. De acuerdo con un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), esta actividad ilícita compromete proyectos mineros en cartera por al menos US$ 12,000 millones, afectando directamente la competitividad y previsibilidad del sector.

El informe advierte que la minería ilegal ha ganado terreno en regiones con alto potencial minero como Cajamarca, Apurímac y La Libertad, donde incluso llega a competir con proyectos formales de gran escala. Este avance refleja no solo un problema productivo, sino también un desafío estructural para la gobernanza del sector minero.

Uno de los datos más preocupantes del análisis es que, de mantenerse la tendencia actual, el valor de las exportaciones de oro ilegal podría igualar al de la producción formal en 2025, evidenciando el rápido crecimiento de esta economía ilícita y su capacidad para distorsionar los mercados.

El impacto económico va más allá de la producción. En la última década, la minería ilegal habría movilizado más de US$ 22,800 millones en operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos, según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera. A ello se suma una significativa pérdida de ingresos fiscales por evasión de impuestos y regalías.

Diversas estimaciones citadas por el IPE indican que el impacto económico total de la minería ilegal podría representar hasta el 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI), reduciendo recursos que podrían destinarse a inversión pública, infraestructura y servicios básicos.

Desde la perspectiva de la inversión privada, el avance de la minería ilegal incrementa la percepción de riesgo, debilita la seguridad jurídica y afecta la predictibilidad regulatoria, factores clave para proyectos mineros que demandan grandes montos de capital y plazos de largo plazo. Esta situación resulta especialmente crítica en un contexto en el que el Perú busca posicionarse como proveedor estratégico de cobre y otros metales clave para la transición energética global.

El problema también tiene un fuerte componente social y ambiental. El uso indiscriminado de mercurio, la ocupación de zonas protegidas y la degradación de ecosistemas han generado impactos severos en la salud de las poblaciones locales y en el medio ambiente.

Frente a este escenario, especialistas coinciden en la necesidad de fortalecer la fiscalización, mejorar los mecanismos de control y desarticular las redes criminales que sostienen la minería ilegal. Sin estas medidas, advierten, el país continuará viendo comprometido el desarrollo de su minería formal y su capacidad para atraer inversiones de largo plazo.