IPE: La minería ilegal en Perú alcanzaría los US$ 12 mil millones en 2025

El Instituto Peruano de Economía (IPE) organizó un seminario virtual con la participación de destacados especialistas como Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE; Lucía Dammert, profesora titular del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile; y Julia Yansura, directora del programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de FACT Coalition de EE. UU. Durante el evento, los expertos coincidieron en alertar sobre la creciente magnitud de la minería ilegal en el país, que se ha industrializado, extendido a nuevas regiones y se ha acercado a la minería formal en términos de valor exportado.

Víctor Fuentes destacó que el Perú es uno de los principales epicentros globales de la minería ilegal, con el 44% del oro ilegal exportado desde Sudamérica proveniente del país. Se estima que las exportaciones de oro de origen ilegal podrían alcanzar los US$ 12 mil millones en 2025, lo que casi igualaría a las exportaciones de oro legal. Fuentes señaló que esta actividad, que originalmente se consideraba marginal, ha evolucionado hacia una industria criminal organizada, reflejando un crecimiento acelerado de empresas vinculadas a la comercialización del oro. En la última década, las procesadoras de oro se multiplicaron por 3.5 y las exportadoras por 11, mientras que las empresas productoras de oro crecieron solo un 18% durante el mismo período.

Además, Fuentes advirtió que el proceso de formalización a través del Reinfo ha sido ineficaz. Un 44% de los registros en el Reinfo se encuentran en áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y otros espacios restringidos, lo que demuestra cómo este mecanismo ha sido utilizado como un «paraguas legal» para operaciones ilegales. “El Reinfo dejó de ser una vía hacia la legalidad y se convirtió en un escudo para la ilegalidad”, indicó Fuentes, enfatizando que la minería ilegal ya no es un problema artesanal, sino una actividad criminal altamente organizada.

Por su parte, Julia Yansura explicó que las modalidades de exportación de oro ilegal han evolucionado, utilizando productos como oro concentrado y reciclado, e incluso materiales electrónicos triturados para evadir los controles. En 2024, las exportaciones de oro concentrado desde Perú ascendieron a US$ 880 millones, un incremento de cinco veces respecto al año anterior. Yansura también destacó los vacíos regulatorios en los países de destino, como Estados Unidos, donde no se exige declarar el ingreso de oro, lo que facilita su entrada al mercado formal sin ser detectado.

Lucía Dammert, por su parte, señaló que la minería ilegal tiene un impacto multidimensional, no solo en términos económicos, sino también en la violencia, deforestación, trata de personas y creciente capacidad de capturar estructuras políticas. Dammert alertó sobre la capacidad del sector ilegal para infiltrar instituciones estatales y financiar campañas políticas, lo que genera una competencia por el control territorial, ingresos y poder político. Además, enfatizó que el oro ilegal se «legaliza» en gran medida dentro del país, lo que complica el control en los mercados internacionales.

Los especialistas coincidieron en que la respuesta del Estado peruano ha sido insuficiente frente a este fenómeno. Fuentes advirtió que el presupuesto destinado a la formalización minera se reducirá en un 60% hacia 2026, mientras que las acciones de interdicción continúan siendo aisladas y sin suficiente inteligencia previa. Los expertos hicieron un llamado urgente a fortalecer la inteligencia criminal y financiera para enfrentar las redes de minería ilegal y cortar los flujos económicos que las sustentan.