La minería ilegal en el Perú ha dejado de ser únicamente un problema ambiental para convertirse en un engranaje clave del lavado de activos a escala nacional. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solo en la última década este delito habría movilizado alrededor de US$ 22,800 millones a través de operaciones financieras sospechosas asociadas a la extracción y comercialización ilícita de minerales.
El reporte detalla que entre enero de 2015 y septiembre de 2025 se emitieron 5,747 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ligados a minería ilegal, cifra que coloca a esta actividad como la tercera con mayor número de alertas dentro del sistema financiero. Sin embargo, por el monto involucrado, escala al segundo lugar: el valor total registrado solo es superado por los ROS relacionados al narcotráfico.
Buena parte de estos movimientos provienen de zonas de alta actividad minera informal como Madre de Dios, Ica, Arequipa y Puno, donde las organizaciones criminales operan redes que combinan extracción ilegal, uso intensivo de efectivo y comercialización mediante intermediarios o empresas fachada. Según la UIF, el dinero obtenido se canaliza hacia compra de inmuebles, vehículos, transporte de carga, comercio de oro y otras actividades con alta rotación de efectivo.
Las autoridades advierten que la sofisticación de estas redes dificulta el seguimiento del flujo financiero. En muchos casos, el oro extraído se mezcla con producción legal para ingresar al circuito formal de exportación, lo que permite blanquear recursos sin levantar sospechas inmediatas.
Además, la minería ilegal está cada vez más conectada con otros delitos, como trata de personas, tráfico de insumos químicos, violencia organizada y deforestación, conformando economías criminales que erosionan la gobernanza en varias regiones del país.
Exportaciones
Al respecto, el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo de Vinatea, sostuvo que la creciente participación de la minería ilegal en la producción aurífera está privando al Estado peruano de importantes recursos.
“El 50% del oro que se extrae hoy en el Perú es de procedencia ilegal. Eso significa que no deja nada a los peruanos, que somos los verdaderos propietarios de ese recurso”, subrayó.
El representante del gremio minero señaló que la informalidad no solo genera pérdidas tributarias, sino que también debilita el Estado de derecho en varias zonas del país, donde operan redes ilegales que terminan generando violencia e inseguridad.
