Un nuevo análisis de la base de datos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) revela un hallazgo que vuelve a encender las alarmas sobre la influencia de la minería informal en la política peruana. Más de 1,600 inscritos en el Reinfo figuran como militantes activos de partidos políticos, de acuerdo con la investigación del portal Territorio Tomado, que contrastó la información oficial del padrón partidario con los registros mineros del Estado.
La cifra, según especialistas en transparencia electoral, evidencia una creciente articulación entre organizaciones políticas y actores vinculados a la actividad minera informal. En un contexto en el que el gobierno se encuentra revisando el futuro del Reinfo —cuestionado por haberse convertido en un paraguas para la minería ilegal— la presencia de militantes, dirigentes locales e incluso exautoridades dentro del registro plantea dudas sobre conflictos de interés y riesgos de captura política.
Entre los más de 1,600 casos identificados, la investigación detectó postulantes a alcaldías y regidurías, secretarios regionales de partidos emergentes y operadores territoriales que han sido clave en campañas electorales recientes. También se hallaron autoridades actuales en ejercicio que siguen inscritas en el REINFO pese a que, en teoría, deberían haber culminado un proceso de formalización que en muchos casos no avanzó.
Los partidos con mayor número de militantes vinculados al registro minero informal son agrupaciones con fuerte presencia en regiones con actividad aurífera, como Madre de Dios, Puno, Arequipa y La Libertad. La investigación muestra que, en algunos distritos, la militancia Reinfo representa porcentajes significativos de las bases partidarias, lo que evidencia un nivel de incidencia territorial que podría condicionar posiciones políticas sobre la regulación minera.
Expertos advierten que esta confluencia se da en un momento crítico. El Ejecutivo aún no define si ampliará —o desactivará— el Reinfo, una decisión que podría impactar a decenas de miles de operadores. “Cuando actores con intereses directos en la continuidad del registro forman parte de estructuras partidarias, el riesgo de influencia indebida es evidente”, señala un analista consultado.
Organizaciones de la sociedad civil han pedido al Estado transparentar la información del Reinfo y reforzar los filtros para evitar que personas vinculadas a la minería ilegal aprovechen el registro para obtener legitimidad o respaldo político. También solicitan que los partidos rindan cuentas sobre sus vínculos con este sector y se aclare si existe financiamiento no declarado proveniente de operadores informales.
