Puno es declarado en estado de emergencia ambiental debido a los efectos de la minería ilegal
El Gobierno Regional de Puno ha declarado oficialmente un estado de emergencia ambiental en la región debido a los devastadores efectos de la minería ilegal e informal que afecta a siete provincias. Esta decisión fue tomada a través de la ordenanza 000015-2025-GRP/GR PUNO, publicada hoy en la separata de normas legales, en respuesta a los graves impactos negativos que estas actividades generan en el medio ambiente, la salud pública, los ecosistemas y los medios de vida de las comunidades locales.
La medida, considerada excepcional y urgente, se implementará en todas las provincias y distritos de Puno, con un énfasis especial en aquellas áreas más afectadas por la contaminación minera, conforme a los informes técnicos emitidos por las entidades competentes. Las provincias de Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina, Azángaro, Huancané, Lampa y Melgar son las más impactadas por la minería ilegal, que ha generado una grave afectación ambiental y ha puesto en riesgo la salud de miles de personas.
Objetivos de la emergencia ambiental
La declaratoria de emergencia permitirá a las autoridades regionales implementar acciones inmediatas de remediación ambiental, promover la formalización minera y aplicar medidas de adecuación ambiental en las zonas afectadas. Además, el control, supervisión y fiscalización de la actividad minera ilegal será reforzado a fin de mitigar sus impactos en el medio ambiente y la salud pública.
La minería ilegal e informal ha causado la contaminación de cuerpos de agua, suelos y organismos vivos con metales pesados como mercurio, plomo, cadmio y arsénico, lo que ha afectado de manera directa los ecosistemas y los recursos hídricos esenciales para las comunidades de la región.
Acciones intergubernamentales y participación comunitaria
Según la ordenanza, las acciones a implementar serán de carácter multisectorial y transparente, con la participación activa de las comunidades locales, las entidades gubernamentales y otros actores clave en la restauración de los ecosistemas dañados. El objetivo es reducir los riesgos para la salud pública, proteger la seguridad alimentaria y promover un desarrollo territorial equilibrado y sostenible en la región.
La Gerencia Regional de Autoridad Ambiental, en coordinación con la Dirección Regional de Energía y Minas y la Dirección Regional de Salud de Puno, será la encargada de formular e implementar el Plan de Acción Ambiental Regional de Emergencia, que deberá estar listo en un plazo máximo de 60 días.
Apoyo del gobierno y organismos internacionales
El Gobierno Regional de Puno gestionará ante el Poder Ejecutivo y organismos internacionales el apoyo técnico, financiero y logístico necesario para atender la emergencia ambiental. Esta gestión se realizará dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Los informes técnicos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección Regional de Salud de Puno han evidenciado la presencia de metales pesados en las zonas afectadas, lo que pone en riesgo la salud pública, la integridad de los ecosistemas y el desarrollo económico local.
Medidas para restaurar la situación
Ante la grave crisis ambiental, el Gobierno Regional de Puno ha priorizado las acciones inmediatas de remediación para restaurar los ecosistemas dañados, reducir los riesgos para la salud de la población y promover la recuperación de las áreas impactadas. Con esta emergencia, se espera que las comunidades y autoridades trabajen de manera conjunta para mitigar los efectos de la minería ilegal y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
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