Premier Arana insta al Congreso a aprobar nueva Ley MAPE para formalizar la minería

El Ejecutivo refuerza su compromiso con la minería formal en el Perú mediante la Ley MAPE, un proyecto destinado a garantizar que todas las actividades mineras, incluyendo la pequeña minería y la minería artesanal, se desarrollen de manera legal y segura. La propuesta fue presentada al Congreso y espera contar con la aprobación de la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Víctor Cutipa Ccama.

Durante una visita a la provincia de Pataz, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, acompañado de los ministros de Defensa e Interior, Walter Astudillo y Carlos Malaver, y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda, supervisó los avances del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ). Este grupo ha ejecutado 31 operativos entre mayo y septiembre de 2025, destruyendo 68 bocaminas ilegales, incautando 50 armas y explosivos, y deteniendo a 48 presuntos delincuentes vinculados a la minería ilegal, con pérdidas para las mafias superiores a 238 millones de soles.

“Un marco legal sólido es indispensable para erradicar la delincuencia y garantizar que los mineros trabajen legalmente, beneficiando a sus familias y al desarrollo económico local”, aseguró Arana.

El premier recordó que el Ejecutivo promovió la creación de la Mesa Técnica para la Formalización Minera, que reunió a los diferentes actores del sector y desarrolló la propuesta normativa enviada al Congreso. Esta instancia busca integrar a mineros artesanales, pequeñas empresas mineras y comunidades locales, fomentando una minería sostenible e inclusiva.

La Ley MAPE pretende convertirse en un instrumento clave para formalizar la minería a nivel nacional, eliminar la minería ilegal, proteger a los trabajadores y sus familias, y promover el desarrollo económico sostenible en las regiones mineras. Arana enfatizó que estas acciones serán replicadas en otras zonas del país, reforzando la legalidad, el orden y la seguridad en el sector.

Con la aprobación de esta normativa, el Gobierno busca consolidar un sistema minero seguro y responsable, que impulse empleo formal, proteja los recursos naturales y combata las redes criminales vinculadas a la minería ilegal.