Antamina invoca al diálogo y reitera respeto a acuerdos con la Comunidad Campesina Huaripampa

Frente a las recientes publicaciones en medios digitales sobre una presunta afectación territorial a la Comunidad Campesina de Huaripampa, Compañía Minera Antamina reiteró su respeto irrestricto a los límites territoriales y a los acuerdos suscritos con dicha comunidad.

La empresa recordó que, durante más de 25 años de operaciones, ha cumplido rigurosamente con las normativas técnicas, legales, ambientales y sociales establecidas por el Estado peruano, lo que incluye el respeto a la propiedad de comunidades campesinas y propietarios privados colindantes a su operación.

Antamina indicó que mantiene una agenda de inversión social continua en Huaripampa, así como espacios de diálogo institucionalizados orientados al cumplimiento de compromisos. En estos espacios, ha comunicado reiteradamente su posición jurídica sobre la inexistencia de superposiciones, afectaciones territoriales o usurpaciones.

La compañía precisó que, en enero de 1998, adquirió 2,202 hectáreas pertenecientes a la comunidad, cuyos derechos de propiedad están inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) – Oficina Registral de Huaraz. Según Antamina, este proceso se respaldó con escrituras públicas, actas y minutas suscritas de manera voluntaria e informada por la comunidad, donde se ratificó la venta y las coordenadas geográficas del área.

Pese a ello, la Junta Directiva de la comunidad sostiene que existiría una supuesta afectación territorial de 184 hectáreas. Antamina afirmó que cuenta con sustento legal para defender su posición y que estos argumentos han sido expuestos en reuniones previas. Asimismo, subrayó que la legislación peruana establece que este tipo de controversias deben resolverse por la vía judicial y no mediante acciones de fuerza.

La minera advirtió que ha tomado conocimiento de una convocatoria a Asamblea General comunal para el domingo 17 de agosto, en la que se plantea la “identificación y reconocimiento in situ” de dichas 184 hectáreas, lo que –según la empresa– implicaría un ingreso indebido a propiedad privada, tipificado como delito por el Código Penal vigente.

Desde 1998, Antamina asegura haber sostenido un diálogo alturado con todas las directivas comunales, lo que ha permitido desarrollar múltiples proyectos en salud, educación y desarrollo productivo. En esa línea, invocó a retomar el diálogo dentro del marco legal y el respeto a los acuerdos previos.