Doe Run Perú: Acreedores laborales se oponen a designación de nuevo liquidador

El prolongado proceso de liquidación de Doe Run Perú enfrenta un nuevo capítulo de controversia, luego de que los acreedores laborales rechazaran la posible designación de Alva Legal Asesoría Empresarial SAC como nueva liquidadora, alegando conflictos de interés y falta de transparencia. Este caso, que lleva más de 15 años en litigio, podría prolongarse aún más si no se resuelven las disputas sobre la administración de los últimos activos de la empresa.

Tras la salida de Consultores A1 como liquidador, el Indecopi inició un proceso en la Bolsa de Liquidaciones para elegir un reemplazo. Sin embargo, los acreedores laborales enviaron una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros oponiéndose a la designación de Alva Legal. Según denuncian, la firma mantiene vínculos laborales con AYS SAC, un acreedor reconocido de Doe Run Perú con derecho a voto, lo que la convertiría en “juez y parte”. Además, señalan que su representante legal, Sonia Alva Rodríguez, fue funcionaria de la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi, lo que genera dudas sobre su imparcialidad.

Los cuestionamientos también incluyen presuntas conexiones de Alva Legal con abogados de Depósitos Químicos Mineros SAC, quienes, según los trabajadores, buscan cobrar antes que ellos y se oponen tanto al fin de la liquidación como a la venta de la Unidad Minera Cobriza y el Complejo Metalúrgico de La Oroya.

En julio, los acreedores laborales ya habían solicitado al Indecopi excluir a Alva Legal del registro de liquidadores, alegando que una de sus socias, Lourdes Ángela Bernedo Esquivel, presenta una calificación crediticia riesgosa por deudas superiores a S/ 32,000 en BBVA, lo que sería causal de cancelación según la ley.

Uno de los puntos más críticos de la disputa es un fideicomiso de US$ 20 millones depositado en Scotiabank, considerado el último activo significativo de Doe Run Perú. Los trabajadores reclaman el pago de una deuda laboral superior a S/ 151 millones, exigiendo que se priorice su cancelación antes que la de acreedores de menor rango.

Si la designación de Alva Legal avanza, el proceso de liquidación podría extenderse y abrir la puerta a un nuevo arbitraje internacional, incrementando los costos y retrasos. Los acreedores laborales insisten en que la designación del liquidador debe ser definida por la Junta de Acreedores y no por el Indecopi, a fin de garantizar imparcialidad y transparencia en la etapa final de este largo proceso.