Los recursos del canon y las regalías mineras, junto con otras fuentes del presupuesto público, representan una importante fuente de financiamiento para las municipalidades del Perú. Sin embargo, nueve de las 24 comunas con mayores asignaciones del rubro 18 ejecutaron menos de la mitad de sus recursos al 15 de noviembre de 2026, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Las 24 municipalidades cuentan con S/5.583,6 millones asignados durante 2026 a través del denominado rubro 18 del presupuesto público. Sin embargo, todavía mantienen cerca de S/2.600 millones sin ejecutar.
Este escenario pone en evidencia las dificultades de algunos gobiernos locales para transformar los recursos generados por actividades extractivas en proyectos de infraestructura y servicios para la población.
Cabe precisar que el rubro 18 no comprende únicamente ingresos mineros. También incluye canon gasífero, sobrecanon, regalías de hidrocarburos, renta de Aduanas y participaciones.
Canon y regalías mineras concentran importantes recursos en municipios del Perú
El canon y las regalías mineras constituyen una fuente importante de financiamiento para diversas municipalidades que albergan operaciones extractivas. Estos recursos permiten financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos en las zonas vinculadas con la actividad minera.
San Marcos, en Áncash, lidera la lista con S/1.090,9 millones asignados para 2026. Este distrito alberga operaciones de Antamina y concentra el mayor presupuesto municipal del país dentro del grupo analizado.
En segundo lugar se encuentra Marcona, en Ica, con S/683,6 millones. En esta jurisdicción operan empresas mineras como Shougang Hierro Perú y Marcobre.
El tercer puesto corresponde a Cerro Colorado, en Arequipa, con S/304 millones. Su presupuesto se beneficia de la distribución del canon generado por compañías como Cerro Verde y Buenaventura.
Con esta asignación, Cerro Colorado desplazó a Megantoni, en Cusco, que registra S/302 millones y alberga los yacimientos de gas natural de Camisea.
Sin embargo, disponer de mayores recursos no garantiza una ejecución eficiente. Nueve municipalidades del grupo todavía no alcanzaban el 50% de avance presupuestal al 15 de noviembre.
Entre ellas figuran Morococha (Junín), Coyllurqui (Apurímac), Cerro Colorado (Arequipa), San Marcos (Áncash), Cajamarca (Cajamarca), Jorge Basadre-Locumba (Tacna), Santa-Chimbote (Áncash), Ilo (Moquegua) y Challhuahuacho (Apurímac).
Morococha registra solo 25,3% de ejecución de sus recursos del canon
Uno de los casos más destacados es el de Morococha, en Junín. Su presupuesto proveniente del canon pasó de S/36 millones en 2023 a S/101,6 millones en 2026, casi el triple en tres años.
No obstante, el incremento de los recursos no estuvo acompañado por una mejora en la ejecución presupuestal.
Al 15 de noviembre, la municipalidad había ejecutado apenas el 25,3% de los recursos disponibles. Este resultado representa el porcentaje más bajo entre las 23 municipalidades con mayores ingresos por canon analizadas.
La situación contrasta con 2023, cuando la comuna alcanzó una ejecución de 50,3% de los recursos recibidos por este concepto.
El caso refleja las dificultades que enfrentan algunos gobiernos locales para gestionar presupuestos cada vez mayores y convertirlos en proyectos que respondan a las necesidades de sus habitantes.
Más de 100 proyectos dificultan la ejecución de recursos municipales
Otro aspecto que preocupa es cómo se distribuyen los recursos del canon y las regalías mineras entre numerosos proyectos. De las 23 municipalidades analizadas bajo este criterio, 17 destinaron sus presupuestos a más de 100 proyectos durante 2026. Sin embargo, esta distribución no necesariamente se traduce en mayores avances de inversión.
De las 23 municipalidades analizadas bajo este criterio, 17 distribuyeron sus recursos entre más de 100 proyectos durante 2026. Sin embargo, esta dispersión presupuestal no necesariamente se traduce en mayores avances de inversión.
Marcona, por ejemplo, cuenta con 231 obras en ejecución. De ellas, 125 proyectos, equivalentes al 54%, todavía no habían utilizado más de la mitad de su presupuesto asignado.
La situación es más marcada en Cerro Colorado. El distrito registra 267 proyectos activos financiados con recursos del rubro 18. En el 73% de ellos, tampoco se había utilizado más de la mitad del presupuesto disponible.
Para Carlos Casas, exviceministro de Economía y director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, el clientelismo político influye en estos resultados, aunque no es el único factor.
El especialista explicó que algunos alcaldes distribuyen pequeñas partidas entre numerosos proyectos para responder a las demandas de la población. Como consecuencia, muchas obras avanzan lentamente y permanecen inconclusas.
“Resulta ineficiente: quedan pistas a medio asfaltar y, con el tiempo, se desgastan y terminan siendo más caras porque nunca acaban”, advirtió Casas.
Especialistas proponen capacitación municipal y Obras por Impuestos
Frente a esta problemática, Luis Miguel Incháustegui, extitular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), planteó que el Poder Ejecutivo capacite desde ahora a las autoridades municipales electas.
El objetivo es que los nuevos alcaldes puedan formular proyectos con mayor impacto en el desarrollo de sus localidades. Asimismo, propuso fortalecer el mecanismo de Obras por Impuestos para acelerar la ejecución de infraestructura.

Incháustegui también señaló que las inversiones municipales deben responder a una planificación territorial y priorizar las principales necesidades de la población.
“Hasta ahora, lamentablemente, prefieren hacer un estadio antes que el sistema de agua y saneamiento, por ejemplo”, cuestionó.
Para el exministro, la selección de proyectos debe considerar las brechas de servicios básicos y no solamente las demandas políticas de corto plazo.
Canon y regalías mineras podrían aumentar los desafíos de gestión municipal
La discusión sobre el uso de los recursos municipales cobra mayor importancia ante las perspectivas de crecimiento de los precios internacionales de los metales.
En agosto, el entonces anuncio del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sobre una reforma para beneficiar directamente a las zonas cercanas a las operaciones mineras reabrió el debate sobre la distribución del canon.
Por su parte, el plan de gobierno de Fuerza Popular plantea que hasta el 40% del canon sea redistribuido directamente a la población de las zonas de extracción, bajo un esquema de control comunitario.
Sin embargo, Carlos Casas y Luis Miguel Incháustegui consideran que una modificación de este tipo debe evaluarse con cuidado. Ambos advierten que entregar más recursos sin mejorar su gestión podría reproducir los problemas actuales.
Como alternativa, destacan la estrategia del MEF para avanzar hacia el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta contempla implementar un enfoque de asignación presupuestaria denominado top-down.
El modelo establece límites de gasto para cada entidad y prioriza la continuidad de los servicios públicos y los proyectos en ejecución. Solo después de cubrir esas obligaciones se asignarían recursos adicionales de libre disposición.
También se plantea evaluar un mecanismo similar a un fondo soberano para administrar los excedentes generados por el incremento de los precios de los metales.
Casas advirtió que el problema podría agravarse si los precios internacionales continúan aumentando y las municipalidades reciben mayores transferencias sin fortalecer su capacidad de gestión.
El especialista recordó que el ministro Guillermo Shinno proyectó que el cobre podría alcanzar los US$10 por libra. Asimismo, mencionó reportes que estiman precios de hasta US$15 por libra en un horizonte de cinco años.
“Debemos preverlo y mejorar su uso”, advirtió.
En ese contexto, el desafío para el Estado no solo consiste en distribuir los recursos provenientes de la minería, sino también en garantizar que se conviertan en obras y servicios que reduzcan las brechas de infraestructura en las regiones productoras.






