El proceso de liquidación de Doe Run Perú vuelve a generar cuestionamientos. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a Consultores A-1, empresa que estuvo a cargo de la liquidación, tras identificar gastos sin sustento por US$ 9.05 millones y S/ 2.9 millones, montos que en conjunto superan el equivalente a US$ 10 millones.
La decisión fue adoptada por la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi mediante una resolución emitida a fines de agosto de 2026. La fiscalización comprendió operaciones realizadas entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, durante la administración del anterior liquidador.
Consultores A-1 asumió la liquidación de Doe Run Perú en enero de 2022 y permaneció en esa función hasta diciembre de 2024. La compañía minera, cuyo procedimiento concursal comenzó en 2012, continúa actualmente en etapa de liquidación ordinaria.
Indecopi sanciona gastos sin sustento en liquidación de Doe Run Perú
La resolución establece dos infracciones relacionadas con la administración de los recursos de la empresa.
La principal corresponde a gastos de liquidación que no fueron debidamente sustentados, por los cuales Indecopi impuso una multa de 100 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a aproximadamente S/ 550,000.
La segunda infracción está vinculada al cobro de honorarios fijos mensuales por encima de lo permitido, con un exceso identificado de US$ 1,728. Por este concepto se aplicó una sanción adicional de 1.52 UIT, equivalente a S/ 8,360.
En conjunto, las multas ascienden a aproximadamente S/ 558,360, una cifra distinta de los desembolsos observados durante la fiscalización.
El caso cuenta con un antecedente. En febrero de 2025, el Indecopi ya había emitido una resolución sancionadora relacionada con gastos efectuados entre abril y junio de 2022, periodo en el que se detectaron alrededor de US$ 600,000 sin sustento suficiente.
En declaraciones al diario Gestión, Adrián Simons Pino, abogado de Depósitos Químicos Mineros (DQM), señaló que estos hallazgos no constituyen un hecho aislado. “Esta es una conducta reiterada. No es que sea un nuevo hallazgo”, afirmó.
Gastos legales y servicios fuera del presupuesto aprobado
Uno de los aspectos examinados por la autoridad concursal fue el cumplimiento de los límites establecidos en el Convenio de Liquidación de Doe Run Perú.
El documento contemplaba un presupuesto mensual de US$ 24,000 para asesoría legal. Sin embargo, la revisión de marzo de 2023 identificó tres facturas de Almerco Abogados & Consultores, correspondientes a enero, febrero y marzo, por US$ 28,320 cada una.
También se observaron desembolsos por servicios de consultoría. Aunque el presupuesto mensual aprobado era de US$ 5,000, se registró una factura de MCHM Abogados por US$ 5,900.
La fiscalización incluyó otros conceptos, como monitoreo ambiental, operaciones críticas en las minas, vigilancia del Complejo Metalúrgico de La Oroya, suministro eléctrico, alimentación y atención a comunidades.
Según la resolución, determinados gastos superaron los límites autorizados o no estaban previstos en el presupuesto. En esos casos, correspondía cumplir procedimientos de aprobación, comunicación y sustentación ante los órganos de supervisión y los acreedores, requisitos que no se habrían observado.
Acreedor de Doe Run Perú solicita auditoría independiente
Las sanciones también han generado nuevas exigencias por parte de acreedores involucrados en el procedimiento concursal.
Adrián Simons Pino, abogado de Depósitos Químicos Mineros (DQM), señaló en declaraciones a Gestión que los hallazgos evidencian problemas recurrentes en el manejo de los fondos durante la anterior administración.
Ante esta situación, el representante legal informó que solicitó mediante carta notarial al actual liquidador, Marco Chávez Magán, la realización de una auditoría independiente sobre los desembolsos efectuados por Consultores A-1.
“Le hemos pedido que antes de cualquier cosa él tiene que realizar una auditoría independiente e imparcial respecto de todos estos gastos que se han venido realizando”, sostuvo Simons.
La revisión propuesta abarcaría contratos, servicios prestados, documentación contable, pagos a proveedores y operaciones financieras. Su objetivo sería esclarecer el destino de los recursos y determinar si existen responsabilidades adicionales a las sanciones administrativas.
Simons también cuestionó que DQM, pese a contar con un laudo arbitral definitivo que reconoce una deuda a su favor, no haya recibido pagos parciales durante el periodo examinado.
Fideicomiso de US$ 20 millones entra en discusión
Otro punto de controversia es el fideicomiso PAMA, cuyos fondos ascienden a aproximadamente US$ 20 millones.
El abogado de DQM solicitó que el actual liquidador se abstenga de ejecutar esos recursos mientras no se esclarezcan los gastos observados y se identifiquen las eventuales responsabilidades.
Asimismo, sostuvo que existe una orden de retención emitida por un tribunal arbitral a favor de su representada sobre dichos fondos. Según explicó, esta situación fue comunicada al liquidador y al Ministerio de Energía y Minas, con copia a Scotiabank.
Por ahora, la solicitud de auditoría y el pedido de no ejecutar el fideicomiso corresponden a iniciativas del acreedor, y no implican que se haya dispuesto una nueva suspensión de esos recursos.
De esta manera, la liquidación de Doe Run Perú enfrenta un nuevo escenario de cuestionamientos administrativos y reclamos de acreedores, mientras continúa pendiente el esclarecimiento de los desembolsos realizados durante la gestión anterior.
