El Perú debería ampliar la vigencia de los contratos de estabilidad tributaria hasta un periodo de entre 25 y 30 años para reducir el riesgo país y atraer capitales de largo plazo hacia el sector minero, sostuvo Rubén Arratia, director de investigación de metales base y preciosos de Wood Mackenzie.
El especialista consideró que los actuales periodos de estabilidad de 10 o 15 años resultan insuficientes frente a los extensos plazos que requiere el desarrollo de grandes proyectos mineros en el país.
“Un proyecto minero no se desarrolla en una década; iniciativas como Tía María o Zafranal toman entre 20 y 30 años. Otorgar contratos de estabilidad de mayor alcance reduciría automáticamente el riesgo país y daría la certeza que los inversionistas necesitan para comprometer capitales de largo plazo”, señaló.
Estabilidad tributaria permitiría reducir el riesgo para las inversiones
Arratia señaló que el Perú compite por capital minero con otros países de la región que vienen impulsando marcos de estabilidad de mayor duración.
Como referencia, mencionó el caso de Argentina, donde se ofrecen periodos de estabilidad tributaria de entre 35 y 40 años, acompañados de una reducción impositiva. Asimismo, indicó que Chile ha establecido un marco de estabilidad de 20 años.
Para el ejecutivo de Wood Mackenzie, ampliar este mecanismo en el Perú no significaría reducir la carga fiscal de las empresas ni otorgar beneficios que afecten los ingresos del Estado.
“Dar estabilidad tributaria no le quita ni un dólar de impuestos al Estado; simplemente garantiza que las reglas de juego no van a cambiar en el tiempo”, afirmó.
Añadió que las empresas pagan una prima adicional cercana al 2% para acceder a esta certidumbre, manteniendo, según explicó, la recaudación correspondiente para el país.
Wood Mackenzie plantea reducir trabas para la exploración minera
Además de extender la estabilidad tributaria, Arratia consideró necesario avanzar en la reducción de las barreras burocráticas que afectan el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
Entre sus planteamientos figura revisar o derogar el Decreto Supremo 042, al considerar que actualmente genera obstáculos para el desarrollo de nuevos estudios de exploración.
El especialista sostuvo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deberían priorizar medidas que permitan agilizar una cartera de proyectos que, en algunos casos, lleva más de 15 años sin avanzar al ritmo esperado.
Asimismo, planteó un reordenamiento integral de los permisos ambientales y operativos requeridos para desarrollar inversiones.
“Latinoamérica tiene que recortar drásticamente los permisos. Proteger el medio ambiente es indiscutible, pero no se necesitan miles de trámites cuando el proceso podría resolverse con un centenar de permisos clave, tal como lo están haciendo potencias como Estados Unidos o Argentina”, sostuvo.
Plantean revisar vínculo entre licencia social y aprobación ambiental
Otro de los ajustes normativos propuestos por Arratia consiste en revisar la relación entre la aprobación técnica de los permisos ambientales y la obtención de la denominada licencia social.
A su juicio, las necesidades de las comunidades deben ser atendidas durante el desarrollo de los proyectos, pero los procesos ambientales deberían concentrarse principalmente en criterios técnicos y científicos.
“Se deben atender y reparar las necesidades de las comunidades en el camino, pero bajo ninguna circunstancia un proyecto minero debería pararse por cuestiones sociales o sesgos ideológicos”, manifestó.
Añadió que una iniciativa debería detenerse si el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) determina científicamente que generará un daño irremisible.
Producción de cobre podría caer hacia 2050
Wood Mackenzie también advirtió sobre las consecuencias que podría generar la falta de nuevos proyectos greenfield en el Perú.
Según Arratia, si no se implementan reformas normativas que permitan agilizar el desarrollo de nuevas iniciativas, la producción de cobre del Perú, junto con la de Chile, podría reducirse a la mitad hacia 2050.
El especialista destacó que el territorio peruano cuenta con más de 20 franjas metalogenéticas y un potencial de 2.5 millones de toneladas de cobre listas para desarrollarse.
“Si adaptamos nuestra legislación para captar capitales hoy, no solo garantizaremos la producción futura, sino que generaremos la resiliencia económica necesaria para combatir la pobreza e infraestructura en el país”, señaló.
En ese contexto, Wood Mackenzie considera que una mayor estabilidad jurídica, la simplificación de permisos y el desarrollo oportuno de nuevos proyectos serán factores determinantes para que el Perú conserve su competitividad frente a otros destinos de inversión minera en la región.
Propuestas serán abordadas en Expomina Perú 2026
Rubén Arratia ejercerá como presidente del Foro de Geopolítica y Economía Global de Expomina Perú 2026, encuentro que se desarrollará del 9 al 11 de septiembre de 2026 en el Centro de Exposiciones Jockey, en Lima.
El foro contará con la participación de especialistas internacionales como Peter Martin, macroeconomista escocés; Jorge Falcón, analista en mercados de petróleo, gas y cambio climático; Esteban Ángel, analista principal de mercado; y Alejandro Neyra, diplomático, escritor y exministro.
