Elecciones 2026: 24 de 36 planes de gobierno no plantean medidas contra la minería ilegal

A medida que se acerca el proceso electoral de 2026, el debate público sobre la minería ilegal sigue mostrando vacíos importantes en las propuestas de los partidos políticos. Un análisis reciente advierte que la mayoría de los planes de gobierno presentados hasta ahora no incluye medidas claras para enfrentar esta actividad ilícita, considerada una de las economías criminales más grandes del país.

Según un informe elaborado por el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) en conjunto con el Colegio de Ingenieros del Perú, 24 de los 36 planes de gobierno registrados no plantean estrategias concretas para combatir esta problemática. La minería ilegal mueve aproximadamente US$ 12.000 millones anuales y se ha consolidado como la principal actividad delictiva vinculada a la explotación de recursos minerales en el Perú.

El estudio señala que 13 agrupaciones políticas mencionan el tema en sus propuestas, aunque lo hacen de manera general y sin mecanismos específicos para enfrentar el problema. En muchos casos, las iniciativas planteadas resultan difíciles de aplicar o carecen de detalles operativos que permitan su implementación.

Entre los partidos que incluyen referencias al problema, pero sin propuestas concretas, figuran Apra, Alianza para el Progreso, Cooperación Popular, Juntos por el Perú, Primero la Gente, Unidad Nacional, Venceremos, Partido Verde, Perú Moderno, Podemos, Patriótico del Perú, Prin y Somos Perú.

Por otro lado, 11 organizaciones políticas no incorporan ninguna medida relacionada con la minería ilegal dentro de sus programas. Entre ellas se encuentran Fé en el Perú, Frente de la Esperanza, Perú Libre, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Un Camino Diferente, Renovación Popular, Obras, País para Todos, Partido Perú Federal, Salvemos al Perú y Perú Unido.

Solo una minoría presenta propuestas

El análisis también indica que solo 12 partidos políticos abordan el problema con planteamientos más específicos, aunque el Observatorio advierte que muchas de estas propuestas todavía resultan insuficientes frente a la magnitud del fenómeno.

Para César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal y autor del informe, el combate a esta actividad requiere un compromiso explícito por parte de los candidatos presidenciales.

“El problema de la minería ilegal requiere un abordaje integral y una posición clara de los candidatos frente a esta actividad ilícita, que moviliza grandes recursos económicos y que no debería formar parte de las redes de financiamiento político”, señaló.

Un problema que va más allá del impacto ambiental

Especialistas advierten que la minería ilegal ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno que trasciende el ámbito ambiental. De acuerdo con Magaly Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, esta actividad ha adquirido dimensiones económicas, sociales y criminales que requieren una respuesta más amplia desde el Estado.

“La minería ilegal ya no es solo un problema ambiental. Se trata de una actividad que está presente en prácticamente todas las regiones del país y que se articula con diversas estructuras económicas y logísticas, incluso con alcance transnacional”, explicó.

Según los especialistas, enfrentar este problema exige políticas públicas que integren control territorial, fortalecimiento institucional y medidas para reducir las redes económicas que sostienen esta actividad ilícita.