Lupaka Gold amenaza con embargar activos del Estado peruano tras laudo arbitral por US$ 67 millones

La minera canadiense Lupaka Gold Corp. elevó la presión contra el Estado peruano al advertir que iniciará acciones para embargar activos públicos en el extranjero, incluidos pagos de deuda soberana, si no se concreta el pago inmediato de una indemnización arbitral de US$ 67 millones obtenida en junio de este año.

El laudo fue otorgado tras determinar que el gobierno peruano no actuó oportunamente para contener las protestas comunitarias que paralizaron las operaciones de la mina de oro Invicta, obligando a la empresa a suspender indefinidamente sus actividades. Según la compañía, la falta de respuesta estatal derivó en pérdidas económicas que hoy buscan ser compensadas vía arbitraje internacional.

Con ese fallo a su favor, Lupaka informó que ha contratado equipos especializados de investigación financiera para identificar activos del Perú fuera del país que puedan ser objeto de embargo. Entre los posibles objetivos figuran pagos asociados a la deuda pública, bienes inmuebles, embarcaciones y, de manera específica, obligaciones vinculadas a Petroperú, la empresa petrolera estatal que mantiene compromisos financieros internacionales recurrentes.

“El abanico de activos susceptibles de embargo es amplio y está claramente identificado”, sostuvo Gordon Ellis, presidente de Lupaka Gold, quien señaló que estas medidas se activarían en las próximas semanas si no existe una señal concreta de pago por parte de las autoridades peruanas.

El caso se suma a otros episodios recientes que han puesto en tensión la relación entre el Perú y los inversionistas extranjeros. El mes pasado, el país fue declarado en rebeldía procesal en una corte federal de Estados Unidos por otro laudo arbitral, relacionado con el concesionario aeroportuario Kuntur Wasi, por un monto de US$ 91 millones, pago que finalmente se realizó tras emitirse la sentencia.

Desde Lupaka consideran que la situación actual es comparable. La empresa asegura haber enviado comunicaciones a diversos niveles del Ejecutivo, sin obtener respuesta formal. “El Estado simplemente no comparece”, afirmó Ellis, al cuestionar la falta de interlocución institucional.

Las autoridades peruanas, por su parte, no han emitido comentarios públicos. Ni el Ministerio de Economía y Finanzas ni la agencia estatal encargada de la defensa en arbitrajes internacionales respondieron a las solicitudes de información. El Ministerio de Energía y Minas derivó el caso a las instancias correspondientes.

El conflicto ha generado inquietud en el sector minero, especialmente en un contexto donde las protestas sociales continúan siendo un factor de riesgo recurrente para proyectos de cobre y oro. Analistas advierten que este precedente podría abrir la puerta a nuevas reclamaciones internacionales si no se fortalecen los mecanismos de prevención y gestión de conflictos.

Lupaka adelantó que llevará este caso al plano internacional durante marzo, cuando participe en la convención PDAC, uno de los principales eventos mineros del mundo, donde expondrá la controversia como parte del debate sobre seguridad jurídica e inversión minera.

La empresa recordó que el monto del laudo ya incluye intereses acumulados, los cuales continúan creciendo a una tasa aproximada de 9% anual, elevando el costo total de la controversia. Actualmente, los intereses sumarían alrededor de US$ 20 millones adicionales, lo que incrementa la urgencia de una resolución.