Inversión exploratoria se reactiva en Perú, pero el riesgo regulatorio vuelve a escena
El buen momento que atraviesan los precios del cobre y el oro comienza a traducirse en una mayor actividad exploratoria en el Perú. El cobre, que recientemente alcanzó un máximo histórico de US$ 12,253 por tonelada métrica, junto con la sostenida cotización del oro, ha renovado el interés de las empresas formales por identificar nuevos yacimientos, impulsando la inversión minera durante el 2025, aunque en un contexto marcado por crecientes cuestionamientos regulatorios.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la inversión minera alcanzó en octubre de 2025 un total de US$ 573 millones, lo que representó un incremento de 36.7% frente al mismo mes de 2024 y constituyó el mayor monto mensual registrado en lo que va del año. Con este resultado, la inversión acumulada entre enero y octubre ascendió a US$ 4,482 millones, cifra 17.7% superior a la registrada en igual periodo del año anterior.
El Minem explicó que este desempeño estuvo liderado por el fuerte avance de la inversión en exploración, que creció 36.2% en el periodo acumulado, seguida por mayores desembolsos en infraestructura (30.5%), equipamiento minero (14.5%), desarrollo y preparación (7.2%) y plantas de beneficio (2.4%). Solo en octubre, la inversión exploratoria alcanzó los US$ 71 millones, un aumento de 50.9% frente al mismo mes de 2024.
Con ello, entre enero y octubre, el gasto acumulado en exploración sumó US$ 597 millones, frente a los US$ 438 millones registrados en el mismo periodo del año previo. Este rubro se consolidó así como el de mayor dinamismo dentro del sector minero, con una participación del 13.3% del total de la inversión ejecutada.
En cuanto a las empresas, Compañía Minera Zafranal lideró la inversión exploratoria en los primeros diez meses del año, con US$ 113 millones, lo que representó un crecimiento de 272.1% respecto a igual periodo de 2024. Le siguió Southern Perú, con US$ 63 millones, cifra 145.5% mayor en términos interanuales, entre otras compañías que incrementaron su actividad en este rubro.
El mayor impulso exploratorio también se reflejó en el número de concesiones activas. En octubre, el Minem reportó 1,179 unidades mineras activas, de las cuales 429 se encontraban en etapa de exploración, un incremento de 29.6% frente a las 331 registradas en el mismo mes del año anterior.
Asimismo, la cartera de proyectos exploratorios continuó expandiéndose. Al décimo mes del año, el país contaba con 80 proyectos de exploración, que en conjunto representan una inversión de US$ 727 millones, monto 12.93% mayor al registrado en octubre de 2024, cuando se reportaban 75 proyectos por US$ 644 millones. De estos, 28 proyectos se encontraban en proceso de obtención de instrumentos de gestión ambiental, 13 en consulta preliminar y 32 ya contaban con autorización de inicio de actividades.
Entre los proyectos con mayores montos de inversión destacan Quicay II, de Minera Centauro (US$ 28.5 millones); Soledad, de Chakana Resource (US$ 23.3 millones); Marcobre, de Marcobre SAC (US$ 15.9 millones); y Caballito, de Hudbay (US$ 13.3 millones), todos orientados principalmente a la exploración de cobre.
Desde el sector, Adán Pino, presidente del XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2026), señaló que, si el Perú logra consolidar un marco normativo estable y continuar reduciendo los plazos de permisos, la inversión exploratoria podría duplicarse en los próximos tres años.
No obstante, el escenario favorable enfrenta un nuevo foco de preocupación. La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, advirtió que diversas iniciativas legislativas que buscan endurecer las penalidades por la posesión de concesiones mineras consideradas improductivas podrían desalentar la inversión en exploración y desarrollo minero formal.
La dirigente gremial precisó que el número de proyectos de ley orientados a modificar la Ley General de Minería se ha incrementado en los últimos meses, generando un clima de incertidumbre que, de materializarse, podría afectar de manera significativa la competitividad del país y limitar su capacidad de aprovechar el actual ciclo favorable de precios de los metales.










