Gobierno denuncia invasión de mineros ilegales en el proyecto Conga de Newmont en Cajamarca

El Gobierno peruano denunció que el proyecto aurífero Minas Conga, propiedad de Newmont, ha sido ocupado parcialmente por mineros ilegales que realizan explotación sin autorización en la región Cajamarca. Así lo informó el primer ministro Ernesto Álvarez, quien alertó que el avance de la minería informal está afectando concesiones formales en diversas zonas del país.

Álvarez explicó que equipos de excavadores ilegales han ingresado a sectores del proyecto, paralizado desde hace más de una década, y estarían removiendo material mineralizado sin ningún tipo de control ambiental ni fiscalización. El funcionario afirmó que esta situación refleja un problema creciente: cuando la minería formal no puede desarrollarse bajo estándares legales y ambientales, los espacios son ocupados por actividades ilícitas que generan contaminación y conflictos.

El caso de Conga vuelve a colocarse en agenda. El proyecto, valorizado en US$ 4,800 millones, obtuvo permisos ambientales en 2010, pero quedó suspendido tras un periodo de fuerte oposición social y protestas que impidieron su ejecución. Aunque las operaciones nunca se iniciaron, Newmont mantiene los derechos mineros sobre el terreno.

La minería ilegal, impulsada por los precios internacionales del oro, también ha intentado ingresar a concesiones de otras empresas como Southern Copper, First Quantum y MMG, generando retrasos y riesgos operativos. El Gobierno aún evalúa mecanismos más efectivos para enfrentar el avance de estas actividades, especialmente luego de que se ampliara el registro Reinfo, que permite a operadores informales seguir trabajando bajo regulaciones flexibles, decisión criticada por la SNMPE.

Álvarez advirtió que la zona de Conga es un ejemplo crítico del impacto ambiental provocado por la minería ilegal. Según señaló, cuerpos de agua que nacen en la zona estarían siendo contaminados por el uso de mercurio, lo que representa un riesgo para las comunidades locales y un retroceso en los esfuerzos de formalización minera.

El Ejecutivo anunció que coordina nuevas acciones para controlar el ingreso de ilegales y reforzar la presencia del Estado en áreas donde se han detectado operaciones no autorizadas.